Además de considerar que debe haber un mayor control en fronteras para frenar la salida ilegal de carburantes, especialistas observan que mientras haya subvención habrá contrabando
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, advirtió que el sector productivo consume solo el 14% de combustible del país, por lo que considera que el Gobierno de turno debe enfocar sus controles en el porcentaje restante para que la lucha anticontrabando sea eficaz.
El dirigente apuntó que los esfuerzos para evitar la ‘fuga’ de carburantes, especialmente de diésel, se debe concentrar en las fronteras, ya que hay un sistema que parece muy bien organizado para la actividad ilícita que le ha significado al Estado al menos $us 250 millones de pérdidas económicas.
“Esta es una obligación del Estado central, de controlar la frontera”, observó Farah, remarcando que esto no solo debe enfocarse en la salida ilegal de diésel, sino también en la internación de alimentos de contrabando que significan un golpe para el aparato productivo nacional que no puede competir contra este ilícito.
Actualmente, el Gobierno impulsa el registro de productores para la venta del carburante y ha garantizado el abastecimiento de diésel a los productores, en un contexto en el que se impulsan y se socializan los Decretos Supremos 4910 y 4911.
Los productores han mostrado su acuerdo para la carnetización, pero el máximo ejecutivo de la CAO urgió la necesidad de nuevos mecanismos de acción para evitar el contrabando de combustibles y que se vende a mayor precio en el mercado negro internacional, siendo Perú uno de los principales destinos.
El especialista Raúl Velásquez observó que existe un débil control por parte de organismos competentes para evitar la salida ilegal de diésel y apuntó tanto a la Aduana Nacional como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), remarcando que esto es solo una parte del problema y que el tema de fondo es la política de subvención.
En esta línea, el especialista señaló que la solución es una política hidrocarburífera y energética que respondan a la realidad nacional, ya que la Ley de Hidrocarburos vigente data de 2005 y la de Electricidad es de 1996, por lo que no son acordes a los tiempos actuales.
A su turno, el analista Álvaro Ríos mostró su sintonía al manifestar que mientras se tenga la diferencia de precios de combustibles respecto al mercado internacional seguirá habiendo contrabando y ahora la situación es más crítica porque hay mayor importación de carburantes y eso implica mayor erogación de dólares y por eso hay una preocupación del Gobierno.
“Bolivia se está convirtiendo en un país neto importador de combustibles. Importamos caro y exportamos barato”, observó Ríos en entrevista con UNITEL.