El 15 de febrero, el XLI Congreso Ordinario de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) eligió a la directiva para la gestión 2023-2025, la cual estará liderada por José Luis Farah Paz,

José Luis Farah Paz asume el cargo en un momento de muchos desafíos para el sector, entre los que está la necesidad de seguridad jurídica para incrementar la producción agropecuaria y la mayor demanda internacional de alimentos. Durante su posesión, el flamante presidente de la CAO reconoció que les ha tocado vivir momentos de cambio, en los que es posible que lo que sirvió ayer no sirva para mañana. “Las guerras y los cambios climáticos hacen que nuestros precios no sean estables, que los insumos que importamos sean cada vez más caros. La estabilidad de los precios es un mito y sabremos hacer ajustes cada que el mercado lo exija sin que el Estado quiera someternos a la pérdida bajo el pretexto de la economía popular”, sostuvo.

_¿Cómo ve la problemática de la tierra y la labor del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en ese tema? La Policía nacional da a entender que la falta de títulos de propiedad en algunas zonas no permite una acción efectiva contra los avasalladores. 

El problema de los avasallamientos a tierras productivas es recurrente y se viene dando desde 2012. En estos diez años, no entendemos por qué la Justicia no actúa en consecuencia. No se puede producir a plena capacidad con la incertidumbre y el acecho constante de grupos irregulares que actúan impunemente. Necesitamos una política de Estado que brinde seguridad jurídica a todos los productores grandes, medianos y pequeños, que el derecho propietario agrario sea respetado.

_¿Por qué es importante la seguridad jurídica en la actividad agropecuaria del país?

Cultivar la tierra o dedicarse a la actividad pecuaria trae beneficios para toda la población, desde el productor, el transportista y el comerciante hasta el consumidor final, que puede acceder a una canasta familiar con productos frescos y precios bajos. Pero lo más importante es que da seguridad alimentaria a todo el país. Las autoridades deben garantizar la estabilidad a productores grandes, medianos y pequeños. Por eso, se piden políticas claras respecto a la tenencia de la tierra y uso de la fuerza pública para detener y castigar a los avasalladores.

_El Gobierno asegura que no permitirá avasallamientos de tierras privadas o fiscales. ¿Las acciones gubernamentales llevadas a cabo hasta el momento han permitido enfrentar de manera efectiva y oportuna las tomas de tierras

Si bien creemos en las declaraciones públicas que se han hecho por parte del Gobierno: de no permitir más avasallamientos, los hechos demuestran que los avasalladores se ven fortalecidos y que han incrementado la violencia en cada toma de tierras en el último tiempo. Eso es lo más preocupante y que genera una gran incertidumbre entre los productores.

_Ingeniero, asume el cargo en un momento en el que se exige a la administración de Luis Arce mayor seguridad jurídica y acciones contundentes contra grupos irregulares que amenazan tierras productivas. Como institución y como sector, ¿qué acciones independientes se tomarán para enfrentar esta problemática?

Todos debemos exigir a las autoridades acciones contundentes contra los que pretenden avasallar propiedades bajo el pretexto de necesidad. Desde el sector agropecuario, se continuará buscando cómo solucionar de una vez por todas este terrible problema que afecta principalmente a la seguridad alimentaria de Bolivia.

Para ello, se buscarán todos los canales de comunicación con las autoridades, con el fin de salir de esta dificultad que afecta a nuestra sociedad.

_¿Cómo ayuda la CAO a los productores agropecuarios que sufren el avasallamiento de sus propiedades?

La Cámara Agropecuaria del Oriente cuenta con un comité jurídico que da soporte legal a los productores que lo necesiten, realizando el acompañamiento al proceso agrario de cada uno de ellos, así como formando parte del control, cuando éste es requerido.

_Si se resolvería la cuestión de la seguridad jurídica, ¿qué temas serían priorizados por su gestión?

Si tuviéramos resuelto el tema de la seguridad jurídica, deberíamos estar enfocados con nuestras autoridades en la sanidad animal y vegetal, así como en los protocolos internacionales que son fundamentales para un mayor crecimiento de la actividad agropecuaria boliviana.

Deberíamos priorizar la apertura de nuevos mercados internacionales para nuestros productos que tienen potencial, porque es la única forma de incentivar e incrementar nuestra producción de forma significativa, tanto para el consumo interno como para el mercado externo.

Hoy, las acciones del sector público y privado deberían estar enfocadas en permitir el acceso inmediato a nuevos eventos biotecnológicos en semillas mejoradas, con el objetivo de incrementar la producción y productividad agrícola. Así, se podrá garantizar volúmenes de granos que cubran el mercado interno en lo referente a la provisión para el sector pecuario (pollo, huevo, cerdo y leche, entre y otros), generando reducción en los costos de producción y, de esta forma, garantizando la seguridad alimentaria de la población nacional a precios bajos.

_Uno de los objetivos de su plan de trabajo es incrementar la productividad con nuevas tecnologías. ¿Cuáles serían estas nuevas tecnologías y cómo repercutirían en los precios de esos productos?

Buscaremos mecanismos para un mayor acceso a tecnología que les permita alcanzar altos niveles de competitividad a nuestros productores en un escenario cada vez más desafiante. Un ejemplo de nuestras necesidades es que somos el país más rezagado en el uso de semillas transgénicas con respecto a nuestros vecinos.

En este sentido, entre tanto logramos acceder a mayor tecnología, los productores seguimos haciendo nuestro mayor esfuerzo para continuar produciendo en un entorno cada vez más adverso por el cambio climático.

Los rendimientos reflejan el nivel de retraso que tenemos en el uso de tecnologías para mejorar la productividad.

NdR. Según datos de la CAO, Bolivia es el noveno país de la región en rendimiento de maíz, con 2,62 toneladas por hectárea (t/ha), mientras que Chile registra 10,49 t/ha; es el noveno en arroz, con 2,96 t/ha, mientras Uruguay produce 9,02 t/ha), el noveno en trigo, con 1,55 t/ha, en tanto que Chile genera 6 t/ha; y el quinto en soya, con 2,07 t/ha, por debajo de los 3,37 t/ha de Brasil.

_¿Cuál será su línea de trabajo con respecto a la cuestión del medioambiente?

En los siguientes años, vamos a enfrentarnos a fenómenos climáticos desconocidos, a fenómenos climatológicos que en otros tiempos no nos podríamos imaginar, pero que hoy son una realidad que nos viene golpeando, cada año con mayor fuerza. Por esta razón, nuestra producción debe ser amigable con la naturaleza en toda la cadena productiva, y esto no será posible si no incorporamos tecnología e investigación acordes a nuestra realidad.

La realidad nos obliga a producir cada vez más en el mismo espacio. Por ello, creemos que la genética y la biogenética tienen que adaptarse en todo el sector agropecuario, lo cual será una herramienta importante para producir de manera cada vez más eficiente, en la que el hombre de campo entregará un producto de calidad con bajo costo al consumidor final y será más competitivo a nivel internacional.

El conocimiento y la ciencia no deben ser limitados, la ciencia debe mejorar el conocimiento actual modificando todo lo que sea necesario, con el fin de mejorar la producción en cantidad y calidad, en beneficio de toda la población. Cuando un pueblo es capaz de producir su propio alimento y generar excedentes, dicho pueblo ha dejado de ser pobre.

_¿Habrá una coordinación de la CAO con instituciones productivas a escala departamental y nacional? ¿Cuál es la propuesta de la Cámara Agropecuario del Oriente para este escenario?

Para concretar las aspiraciones de dar un salto productivo significativo, necesitamos trabajar de forma constante y coordinada tanto con nuestros subsectores como con el resto de departamentos que estén interesados en salir de este atraso general que sume en la pobreza a gran parte de nuestra población.

En un país consecuente con su realidad, hoy todas las instituciones deberíamos estar unidas, para trabajar por el futuro de nuestro país, buscando fortalecer la capacidad y estabilidad de la infraestructura carretera, así como el fortalecimiento de la red ferroviaria, aérea y la construcción de Puerto Busch, el único puerto con soberanía nacional.

Nuestra infraestructura caminera es muy frágil y limitada. En Santa Cruz producimos el 70% de los alimentos que consume el país y, a la vez, solo tenemos una vía para abastecer al interior del país, que no tiene transitabilidad garantizada a lo largo de los 365 días del año. Asimismo, los actuales puertos de salida tienen un alto costo para nuestra producción. Como país deberíamos tener diversos puertos de salida y cada uno de ellos debería brindar ventajas a las diferentes regiones.

Además, se debe tener una política de Estado para luchar contra el contrabando, ya que –según estudios y publicaciones de diversas instituciones– esta actividad ilegal supera los 3.000 millones de dólares por año. Esto implica que por el contrabando se estarían perdiendo más de 400 mil empleos. Este es un daño de magnitud a la economía, a los ingresos tributarios del Estado. Significa un peligro para el estatus sanitario del sector productivo y un alto riesgo para la salud pública.

Por todo ello, es importante y urgente el trabajo coordinado entre el sector privado y los distintos niveles de Gobierno, solo así daremos respuestas efectivas a las necesidades urgentes de nuestra población. Este grupo de trabajo (la nueva directiva de la CAO) tiene planificado realizar visitas a las instituciones para unificar los criterios y necesidades de las distintas actividades productivas.

Fuente:https://eldeber.com.bo/economia/jose-luis-farah-titular-de-la-cao-no-se-puede-producir-a-plena-capacidad-con-la-incertidumbre-y-el-a_315471