En dos ocasiones se han dado emboscadas de grupos irregulares a la Policía que custodiaban el predio de Santa Agro. Productores piden a las autoridades dar cumplimiento a la norma y ejecutar el desalojo respectivo
La Policía no ha podido cumplir una orden de desalojo en la hacienda Santa Agro, que continúa tomada por grupos irregulares que han emboscado en dos ocasiones, en menos de dos semanas, a un contingente de uniformados que llegó hasta la provincia Guarayos, situación que causa alarma entre los productores.
Jaime Hernández, gerente de Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que para el sector es de profunda preocupación lo que ocurre puesto que genera una inseguridad jurídica para quienes hacen “esfuerzos de inversión para garantizar la seguridad alimentaria en el país”.
Remarcó que se había alertado de los riesgos que se tenían luego de que se hubiera liberado a las personas que fueron detenidas “infraganti” en una primera intervención -ocurrida a inicio de febrero- que se ejecutó en Santa Agro y que ahora, por esa situación, el predio otra vez sufre otra invasión de estos grupos que actúan con violencia y portando armas de fuego.
Para Hernández, “se nota que hay un tráfico de información, eso en algún momento ha sido reconocido por el INRA”, para que grupos irregulares puedan ingresar a predios que de alguna manera no han terminado su proceso de saneamiento.
Recalcó sin embargo que, en el caso de Santa Agro, estos son terrenos que tienen posesión legal de productores que vienen haciendo inversiones desde hace más de 20 años y que ahora ven en riesgo su trabajo debido a los avasalladores que ingresaron de forma violenta sin respetar incluso a los policías que hacían custodia en el lugar.
“Creemos que está en manos de las autoridades de Gobierno dar las condiciones para que los productores continúen haciendo inversiones”, insistió.
“Habían 35 policías que estaban en el lugar, y ni siquiera se los ha respetado, se ha ocasionado daño físico a los oficiales. Imagínese si a la Policía le hacen eso, qué puede pasarle a los trabajadores en el lugar”, dijo Hernández.
El directivo considera que las autoridades de Gobierno deben actuar de forma inmediata y contundente para desalojar estos predios y, para ello, ya existe un requerimiento de la Fiscalía.
“Hay un compromiso del presidente del Estado (Luis Arce) de que no se permitirá el avasallamiento y este es el momento de marcar de que esto se va a cumplir”, dijo en entrevista con UNITEL.
Hernández también remarcó que en el predio de Sa
nta Agro ya se tiene 1.800 hectáreas de soya sembradas para la campaña de verano y que se ha hecho una inversión cercana al millón de dólares, que ahora está en riesgo.
“Estas hectáreas deberían ser cosechadas en las próximas dos semanas. Si las autoridades de Gobierno no actúan de manera inmediata las pérdidas serán cuantiosas”, resaltó.