El nuevo presidente de la CAO exigió al Gobierno seguridad jurídica y que el derecho propietario agrario sea respetado para producir. Estatales que regulan la tenencia de la tierra no se pronuncian
Información referencial de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), compartida por el presidente de la organización productiva, Fidel Flores, estima que la retoma de Santagro cometida por un presunto grupo irregular no solo pone en riego la cosecha de 1.800 hectáreas de soya, también atenta contra los $us 4 millones invertidos, según él, por los propietarios del predio que desde hace 20 años despliega actividades agrícolas en la zona.
Hizo notar que, aparte de la inversión en riesgo por falta de seguridad jurídica de la tierra, también está comprometido el financiamiento de al menos $us 700.000 en la siembra de las 1.800 hectáreas de soya sembradas, listas para cosechar en el predio Santagro. La información fue divulgada por el presidente de Anapo en el programa televisivo ‘Que no me pierda’ de la Red Uno de Bolivia.
El martes, según Marcelo Aguilera, abogado apoderado de Santagro, con armas de fuego, machetes y palos, un presunto grupo de comunarios volvió a tomar el predio desalojando violentamente a los policías que se encontraban en el lugar, denunció el apoderado de la propiedad. En diciembre de 2022, el mismo grupo de personas, ingresó ilegalmente a la propiedad, distante 30 km de la zona Las Londras, en la provincia Guarayos. Aquella vez se anotó la pérdida de 1.400 hectáreas sembradas.
A nombre del sector oleaginoso, Flores exigió que se cumpla el compromiso del presidente Luis Arce, de que no se tolerará ningún tipo de invasión ni avasallamiento a tierras productivas. “Como productores necesitamos tener certeza y garantías de que nos van a dar seguridad jurídica para continuar produciendo alimentos para el país”, puntualizó el dirigente.
La propiedad Santagro cuenta con medidas precautorias, es tierra que hace más de 20 años produce alimentos para el país y donde los productores hicieron importantes inversiones para la sostenibilidad de los suelos y la producción. En ese sentido, Aguilera acotó que los productores cuentan con la posesión legal de Santagro y continuarán con las acciones penales para que los invasores salgan de los predios y sean sancionados con todo el rigor de la ley. “Este grupo de invasores no cuenta con ningún documento que acredite un derecho de posesión; su actuación es ilícita e ilegal y, si no se sanciona, puede ser replicada en otros predios que producen alimentos”, acotó el abogado.
No se produce sin certeza
Ayer, en su primer discurso, tras ser electo presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, exigió al Gobierno seguridad jurídica y que el derecho propietario agrario sea
respetado. “No se puede producir sin certezas. El provecho económico de la actividad agrícola y pecuaria es para todos. El Estado, por tanto, debe garantizarnos la sostenibilidad. Por eso, demandamos políticas claras respecto a la tierra y uso de la fuerza pública para detener y castigar a los avasalladores”, manifestó.
Exigió a quienes administran el Estado acciones contundentes contra los que pretenden intervenir propiedades agrícolas bajo el pretexto de necesidad o militancia del partido del Gobierno. “Nuestro deber es producir, queremos que nos dejen hacer lo que sabemos: producir”, sentenció.
Para Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, en los avasallamientos hay un trasfondo político. “Todo obedece al objetivo de afectar económicamente a la zona oriental”, dijo.
Por ahora, las entidades gubernamentales encargadas de regular la tenencia de la tierra no se han pronunciado acerca de las tomas ilegales y violentas registradas en tierras productivas de Santa Cruz.