La entidad señala que el INRA debe garantizar la tenencia y producción, incluido el desalojo como medida precautoria, ante la evidencia del avasallamiento y debe presentarse ante la Comisión Agraria Departamental
Los últimos acontecimientos de violencia producidos por la toma de predios agropecuarios han dejado como saldo, productores, trabajadores y policías heridos; además de una grave sensación de incertidumbre para el trabajo e inversión en el campo. Por ello, Anapo hizo conocer su posición institucional:
– «El avasallamiento es un delito y debe ser tratado como tal por las autoridades, independientemente de que el predio esté en proceso de saneamiento o titulado. Por mandato legal, toda persona que avasalla tierras, así como sus cómplices y encubridores no pueden ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado».
– «El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) debe garantizar la tenencia y producción, incluido el desalojo como medida precautoria, ante la evidencia del avasallamiento y debe presentarse ante la Comisión Agraria Departamental a informar sobre el estado del proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras en el departamento».
– «Es inaceptable que autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial, promuevan falsas expectativas de tenencia en tierras privadas o fiscales, y tomen medidas de amedrentamiento a jueces que en estricto derecho han dispuesto el desalojo de avasalladores
– La entidad se solidariza con los efectivos heridos y con toda la institución policial, quiénes en cumplimiento de su deber constitucional han sido injustamente atacados por grupos irregulares. «Este aspecto merece una investigación para sancionar a los culpables».
– LA CAO propone que la tierra fiscal en Santa Cruz, no sea solo objeto de dotación gratuita a comunidades, sino que se pueda adjudicar de forma individual a personas con conocimientos en producción agropecuaria, respetando las prioridades de acceso establecidas en las leyes 1715 y 3545.
La institución reitera públicamente su solicitud de reunión con el Director Nacional del INRA, a fin de analizar la situación de los predios de sus asociados que se hallan en saneamiento o avasallados, dejando plenamente establecido que «como institución brindaremos todo el apoyo legal a los productores afectados o amenazados por los avasalladores».