Como si no bastaran las situaciones que dividen y confrontan a los bolivianos, emerge con mucha fuerza la problemática de la tierra, que es mucho más fuerte que cualquier relato político, porque tiene que ver con el medio de vida de miles de comunidades originarias, con la seguridad alimentaria y con la preservación de los bosques del oriente boliviano..
Ya desde antes del año 2019, autoridades de los pueblos originarios y de los gobiernos municipales de la Chiquitania vienen denunciando que hay una suerte de colonización de los bosques por parte de sindicatos y comunidades que se conforman en otros departamentos, con el objetivo de tomar posesión de tierras en el oriente boliviano. Este avance tiene aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que autoriza los asentamientos, y un silencio cómplice de la Administradora Boliviana de Bosques y Tierras (ABT), que no dice ni hace nada mientras se cambia el uso forestal de los territorios a punta de machete y chaqueo.
Indígenas y pobladores oriundos de la Chiquitania aseguran que sus solicitudes de dotación de tierras duermen en los anaqueles del INRA, mientras que otros pedidos de comunidades quechuas y aymaras son atendidos con prontitud. Dirigentes de los pueblos chiquitanos sostienen que se está produciendo una colonización y un avasallamiento cultural. Señalan que hay un desplazamiento de los indígenas de tierras bajas, porque se meten a sus territorios comunitarios de origen.
El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, opina que la tierra no puede quedar en pocas manos, mientras se reúne con las comunidades interculturales y no con los indígenas del oriente. El presidente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, descalifica el congreso por la tierra y la reivindicación sobre el territorio que se hace desde el oriente. Con esas posturas, queda claro que el Gobierno central no es un actor imparcial en este problema y que, probablemente, la falta de información desde el INRA y la inacción desde la ABT son instrucciones directas del Poder Ejecutivo Nacional.
En lo político, queda claro que el MAS gana tiempo y se unifica cuando hay confrontación en el país. Lo ha demostrado el relato de supuesto golpe de estado y el ataque al gobierno de Jeanine Áñez. Es de esperar que, junto con la voluntad de seguir dotando de tierras a comunidades foráneas, se argumente otra vez que los cambas son separatistas, oligarcas y una serie de otros calificativos con los que obtienen rédito en el resto del país. Atrás quedó la impronta de gobierno indígena o de protección a los más desvalidos, porque los pueblos originarios de tierras bajas están abandonados por quienes llegaron al poder usándolos como bandera.
Sin embargo, hacer política alimentando la confrontación por la tierra es una apuesta muy arriesgada, porque la tensión puede ir en ascenso y terminar en violencia física, con dolor para las familias más vulnerables.
Las bravuconadas solo atizan el problema porque generan tensiones que hacen más difícil el diálogo. Los chiquitanos que defienden sus tierras piden respeto a la ley, quieren dejar de sentirse avasallados; a su vez, los sindicatos que llegan a colonizar -llamados interculturales- aseguran que defenderán las dotaciones que les entregaron. ¿Qué hace el Estado para impedir que este ida y vuelta acabe en violencia?